La pena de muerte: ¿grito desesperado o estrategia política?

Uno de los temas que ha causado mayor controversia en los últimos días ha sido el lanzamiento de la propuesta para legalizar la pena de muerte en nuestro país. Y no es la primera vez que este tópico se debate en sociedad y en las más altas tribunas de nuestra Patria. En 2005, el Congreso de la Unión de nuestro país, aprobó la desaparición de toda forma de tortura que atentara contra la dignidad humana. En aquella ocasión las principales fuerzas políticas del país, el PAN, PRD y PRI, votaron a favor de la eliminación de la pena de muerte en las leyes mexicanas. Pero hoy las cosas han cambiado, las cifras de muertes indeseadas, los secuestros y las desapariciones masivas que desbordan violencia en todos sus sentidos, son cada vez más comunes y aterrorizan por igual a personas de todas las edades. Las estrategias del Gobierno Federal para combatir el narcotráfico, el secuestro y la violencia no han sido del todo eficaces al cumplirse 2 años del segundo sexenio de gobierno del Partido Acción Nacional y a 100 días del Acuerdo Nacional de Seguridad.

La población de nuestro país ha manifestado de forma abierta su desdén ante las acciones de gobierno en materia de seguridad pública y ha propuesto a través de muchas voces, la implementación de la pena de muerte como una forma de castigo a los secuestradores. Fue el Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira a través de la Legislatura local de ese Estado, utilizando su derecho de iniciativa quien propuso que la pena capital sea empleada para castigar a aquellos secuestradores que asesinen a sus víctimas. “El problema es ponernos de acuerdo cómo los vamos a matar, si ahorcados, fusilados o de una manera más pacífica, a través de la inyección letal, ha manifestado”. La enmienda a la Carta Magna, que presentó el Legislativo local de aquel Estado al Congreso de la Unión, propone adecuar el párrafo segundo del artículo 14 y adicionar un segundo párrafo al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se sustenta en la iniciativa enviada, donde se destaca que se requieren castigos ejemplares para frenar la criminalidad, porque el gobierno mexicano no ha podido detener la delincuencia que le ha robado la paz y la tranquilidad a las familias en muchas partes del país. Este es en gran medida, un reflejo de lo que la sociedad del México de hoy está demandando. Una salida desesperada a los problemas de la ola de violencia que ha azotado a nuestro país en los últimos meses: secuestros, violaciones, narcotráfico, desapariciones forzadas, asaltos.

En otros países esta forma de castigo ha sido manejada por muchos años y sin embargo, no ha logrado contraer la violencia. El caso de Estados Unidos es muy privativo, pues varios Estados de la Unión Americana mantienen esta pena como una medida para sancionar transgresiones como asesinatos o violaciones. Pero está comprobado según las estadísticas, que uno de cada ocho ejecutados es inocente. Y es aquí donde encontramos una de las grandes contrariedades en esta medida, si se llegara a implementar esta penalidad en nuestro país, el más grande enemigo para toda la sociedad mexicana sería el propio sistema de impartición de justicia. La gran mayoría de los mexicanos, no confía en los Ministerios Públicos, en los Tribunales o en los propios policías que “supuestamente” se encargan de velar por nuestra seguridad. Y es que esta fama ha sido ganada por los desaciertos de estas corporaciones, más aun cuando en últimas fechas se ha logrado desmantelar grandes redes de corrupción en el gobierno federal, todas ellas relacionadas con el narcotráfico.

Nuestro país ha defendido en foros internacionales la integridad humana y ha rechazado todas las formas de tortura. Por ello sería una contradicción actuar de una forma a nivel externo y de otra a nivel externo, cuando en el mundo se celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Incluso, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México se ha manifestado en contra de reinstaurar la pena de muerte en el país.

La reinstalación de la pena de muerte, abolida de la Constitución, representaría un retroceso y un peligro por la elevada ineficiencia del Ministerio Público y el funcionamiento "poco profesional" que ha caracterizado a sus órganos auxiliares como la policía judicial, además de que esa práctica es contraria al marco jurídico nacional y a los tratados internacionales suscritos por México. En lugar de buscar nuevas penalidades en contra de secuestradores, es indispensable que sean identificados, perseguidos, aprehendidos, llevados a juicio y castigados con severidad y sin privilegios.

Se ha mencionado que Moreira es un aspirante más para 2012, de allí que sus propuestas sean tachadas de demagógicas o populistas. Seguramente la pena de muerte no será aprobada en el Congreso de la Unión, pero como estrategia política servirá para ganar muchos votos en las próximas elecciones federales de 2009, incluido el Partido Verde Ecologista, que promueve la pena de muerte en anuncios espectaculares en las principales ciudades del país.